publicado en Nuestras Voces
Cuarenta y cuatro años antes de que Adolfo Pérez Esquivel recibiera el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los DDHH en plena dictadura cívico-militar, Carlos Saavedra Lamas, entonces canciller de Agustín P. Justo, fue el primer argentino en recibir esa distinción.
Saavedra Lamas fue reconocido por el “Tratado antibélico de no-agresión y de conciliación” que lleva su nombre, acordado en 1933 por Argentina y Brasil y luego suscripto por otros estados sudamericanos, norteamericanos y europeos. El tratado condenaba las guerras de agresión y propugnaba el arreglo pacífico de las controversias internacionales de cualquier clase que fueran.
El documento era coherente con la llamada Doctrina Drago, enunciada en 1902 por el entonces canciller de Julio A. Roca, Luis María Drago. La doctrina establecía que ningún estado extranjero podía utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. Fue la respuesta de la diplomacia argentina a las acciones del Reino Unido, Alemania e Italia, quienes impusieron un bloqueo naval a Venezuela con el objetivo de cobrar la deuda que Venezuela mantenía con varias compañías de dichos países y que el recién llegado presidente Cipriano Castro se negaba a pagar.
La dictadura cívico-militar del Proceso terminó con esa tradición. En 1976 secuestró y asesinó al expresidente boliviano Juan José Torres, quien estaba asilado en Buenos Aires, y en 1980 apoyó el golpe de estado de Luis García Meza en Bolivia contra la presidenta Lidia Gueiler.
Con la caída de la dictadura cívico-militar del Proceso, Argentina retomó la tradición de apoyo a los procesos de paz, respeto hacia la autodeterminación de los estados de la región y rechazo a la intervención externa. Con la decisión de juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, decisión que se mantuvo hasta hoy pese a los vaivenes políticos, Argentina se convirtió además en una referencia en materia de DDHH.
El gobierno de Alfonsín dio su apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta de Colombia, México, Panamá y Venezuela, de enero de 1983, para promover la paz en Centroamérica y evitar las intervenciones militares de EEUU. En 2010, como secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner fue mediador en el conflicto entre Venezuela y Colombia. Logró restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos estados y asegurar la paz en la región.
Hace unos días, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, reveló pruebas sobre la colaboración de Mauricio Macri con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Con el pretexto del envío de diez gendarmes para proteger la embajada argentina en La Paz, el gobierno de Cambiemos envió municiones a los golpistas: “Resaltamos que la Argentina de Macri les dio a las fuerzas militares, que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre se lo agradecían. El 15 se producía la masacre de Sacaba. Días después, la de Senkata”, afirmó el canciller. También acusó al gobierno de Lenin Moreno de formar parte de la articulación internacional que concretó el golpe y que fue iniciada por Luis Almagro, titular de la OEA y uno de los felpudos más mulllidos del Departamento de Estado de los EEUU.
El ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, afirmó por su lado que había transmitido el pedido de asilo de Evo Morales y que fue rechazado por el gobierno de Cambiemos (https://www.perfil.com/noticias/politica/el-ex-embajador-argentino-ante-bolivia-nego-haber-recibido-la-carta-del-militar-terceros-lara.phtml). Esto fue confirmado por el propio presidente Alberto Fernández (“Le pedí a Macri que le diera asilo a Evo y no quiso”) e incluso por Evo Morales (“Ahora se entiende por qué Macri negó que el avión que nos llevaba a mí y a Álvaro García Linera aterrizara en Argentina” https://twitter.com/evoespueblo/status/1413612359206248453?s=20).
La acción conjunta de Alberto Fernández y del presidente mexicano Andrés López Obrador permitió que Morales y su vicepresidente pudieran escapar con vida de Bolivia. Pese a que “técnicamente no es delito”, como diría Laura Alonso, enamorada de Mauricio Macri y ex titular de la Oficina Anticorrupción (https://noticias.perfil.com/noticias/general/2013-02-15-me-enamoraria-de-macri.phtml), la negativa a dar asilo a un presidente derrocado y con peligro de muerte contradice la tradición diplomática de la Argentina, al menos de sus gobiernos legítimos. Como ocurrió con el cuestionable fallo de la Corte Suprema del 2×1 para condenados de lesa humanidad (https://www.ambito.com/politica/congreso/corte-suprema-revoca-el-fallo-2×1-y-valida-ley-que-no-se-aplique-beneficio-represores-n5002963) que generó un masivo rechazo ciudadano, esa decisión no fue en contra de un gobierno en particular sino de una política de Estado.
Con el apoyo activo a los golpistas bolivianos, Cambiemos tiró por la borda un siglo de política exterior argentina. La contraparte más visible de esa nueva diplomacia de la obsecuencia con el Departamento de Estado fue el préstamo del FMI de 57.000 millones de U$S (de los cuales el país recibió finalmente 44.000 millones de U$S), logrado gracias a la presión de EEUU.
Un notable éxito que se esfumó de inmediato y que todos los argentinos pagaremos durante las próximas décadas.
