Continuidades

Columna publicada en Nuestras Voces

En noviembre de 1976, unos meses antes de ser asesinado por un grupo de tareas, Rodolfo Walsh escribió en un despacho de la Agencia Clandestina de Noticas (ANCLA) una síntesis de la política económica de la dictadura cívico-militar que había derrocado en marzo de ese año a María Estela Martínez de Perón: «Desde abril, Martínez de Hoz liberó los precios, congeló los salarios, derogó la legislación laboral (…), anunció la desnacionalización de todas las empresas estatales que no guardaran directa vinculación con la defensa, preparó una ley de radicación de capitales que coloca a los inversores extranjeros en las mismas condiciones que los argentinos y suprime las trabas para la remesa de utilidades, eliminó el derecho de huelga que puede ser castigado con prisión de 10 años, anuló las preferencias impositivas y crediticias para las pequeñas y medianas empresas nacionales, despejó de gravámenes la importación de bienes que se producen en la Argentina, viajó a Estados Unidos, Europa y Japón en procura de créditos para responder a los vencimientos inmediatos de la apremiante deuda externa de 12.000 millones de dólares, firmó un acuerdo de stand by con el FMI, inició un plan de despidos de agentes estatales que creará casi un millón de nuevos desocupados sobre una población laboral activa de poco más de seis millones, elevó en cinco años la edad necesaria para jubilarse y redujo los haberes que se pagan a los ancianos retirados del trabajo. De este modo precipitó un agudísimo cuadro recesivo, en el que la industria trabaja a menos del 50% de su capacidad y los asalariados ven reducidos sus ingresos reales a la mitad de lo que valían en 1960. Un millón de argentinos no tienen empleos y la inflación sigue superando holgadamente a la que cualquier otro país del mundo con un índice mayor del 500% anual».

Solemos escuchar en las marchas opositoras una consigna que indigna al oficialismo e incluso fastidia a algunos opositores: “¡Macri, basura, vos sos la Dictadura!”. Es cierto que se trata de una apreciación injusta ya que Mauricio Macri, a diferencia del general Jorge Videla, accedió a la presidencia gracias al voto de sus conciudadanos y al menos por ahora no ha disuelto el Congreso ni tampoco asumido la suma del poder público. Por otro lado, pese a la persecución política llevada a cabo a través del lawfare desplegado desde el oficialismo y que se traduce en el abuso de prisiones preventivas dictadas contra ex funcionarios o legisladores kirchneristas, o incluso empresarios considerados cercanos a dicho espacio político, la legitimidad democrática de Cambiemos no está cuestionada.

Es por eso que la consigna no se refiere a una eventual falta de legitimidad democrática de origen –más allá de que la guerra jurídica contra el kirchnerismo atenta contra dicha legitimidad– sino a su agenda económica y, de manera más amplia, al modelo de país que defiende.

Como suele señalar el economista Mariano Kestelboim, a mediados de la década del setenta, cuando Martínez de Hoz y el establishment que representaba tomaron el poder gracias a las FFAA, la Argentina había alcanzado las mejores condiciones de desarrollo industrial y de equidad distributiva de su historia. La pobreza afectaba apenas al 5 por ciento de la población y no había problemas de desempleo, subocupación ni de endeudamiento externo.

El objetivo del golpe de Estado de marzo de 1976 fue terminar con ese modelo de país con la excusa de combatir la lucha armada que ya estaba en pleno declive y a diferencia de sus inicios había perdido el apoyo popular. Del mismo modo, con el pretexto de la lucha contra la supuesta corrupción del kirchnerismo que habría robado nada menos que un PBI, Cambiemos busca desarmar “la orgía de derechos”establecida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, para retomar la asombrosa expresión del sindicalista gastronómico Dante Camaño.

En efecto, cuesta leer el análisis de Walsh de hace más de 40 años y no encontrar continuidades con el gobierno de Cambiemos. Por supuesto, sin la eficaz ayuda de las FFAA sería impensable eliminar hoy el derecho de huelga y con apenas 50 por ciento de inflación anual estamos lejos todavía del 500% señalado por el fundador de ANCLA. Pero el modelo buscado es similar y similares son las herramientas elegidas: reducir los ingresos fijos como jubilaciones, pensiones y sueldos, desregular la economía para potenciar la renta financiera, limitar los ingresos fiscales reduciendo los impuestos a los más ricos, incentivar las importaciones, desarmar la actividad industrial (en particular las pymes), endeudar al Estado en divisas que financian la fuga de los especuladores luego de la bicicleta financiera en pesos, especuladores que tanto en aquellos años como ahora el gobierno presenta como inversores. La creencia casi mística detrás de ambos gobiernos señala que eliminando regulaciones estatales y derechos sociales, el país entrará en un ciclo de expansión que nos llevará a emular el desarrollo de esos países que tanto en los ´70 como ahora nuestros economistas serios ponen como ejemplo y que, por supuesto, jamás implementarían este tipo de políticas.

Tal vez para ser ecuánimes, quienes canten la consigna sobre Macri y la Dictadura en las próximas marchas opositoras deberían aclarar que no buscan asimilar orígenes sino objetivos. Los tiempos cambiaron, para imponer su modelo ya no es necesario que el establishment use a las FFAA: hoy alcanza con la guerra jurídica que le permite la Santa Trinidad conformada por la Justicia federal, los medios y los servicios.

Aunque debemos reconocer que ambas guerras se llevaron a cabo bajo la misma mirada amable de la embajada de los EEUU. Otra notable continuidad.

Imagen: Elementos comunistas intentan infiltrarse en el kirchnerismo (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)