El 15 de julio del 2010, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el segundo del continente (luego de Canadá) en reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a poder casarse.
Fue un hecho asombroso ya que por aquel entonces el país padecía un gobierno “liberticida”, según la definición de algunos de sus detractores, bajo el yugo férreo de CFK, una presidenta “extremadamente autoritaria, amarga, arbitraria (…) sometida a los deseos de su marido” como escribió la periodista Sylvina Walger por aquella época.
Fue también asombroso que gran parte de la derecha moderna que luchaba contra el autoritarismo kirchnerista y defendía las libertades individuales votara en contra de la libertad de casarse con quien uno quisiera.
La diputada Michetti propuso la unión civil para las parejas homosexuales, dejando el matrimonio para parejas del mismo sexo, como Dios manda. La senadora Negre de Alonso apoyó la iniciativa de la unión civil aunque excluyendo la posibilidad de adopción (una idea no sólo denigrante sino también absurda: cualquier persona, independientemente de sus preferencias sexuales, puede adoptar un niño). Con valentía denunció que la nueva iniciativa facilitaría “la venta ilegal de óvulos, espermas y vientres”.
Por su lado, la senadora Chiche Duhalde trató de Maquiavelo a CFK por llevar ese proyecto al Congreso y lamentó que fuera tratado: “El Gobierno intenta sacarnos de las preocupaciones serias que tiene el país y meternos en estos temas que hoy no deberíamos estar discutiendo (…) Yo votaría en contra porque creo en el derecho natural, porque creo que nosotros tenemos una construcción cultural que hace que lo natural sea que haya un nombre y una mujer contrayendo matrimonio”.
Incluso dentro del oficialismo hubo críticas y no sólo de quienes se oponían al proyecto sino también de algunos que estaban a favor pero consideraban que no era el momento de presentarlo porque “dividía al peronismo”. Siempre hay razones para no avanzar en la ampliación de derechos.
Diez años después, ya nadie cuestiona la virtud de la ley, ni siquiera quienes se opusieron a su implementación. El PRO, que votó mayoritariamente en contra, hoy se asigna un rol pionero en la Ley de Matrimonio Igualitario. La politóloga María Esperanza Casullo toma este ejemplo como la mejor definición de hegemonía de una idea: cuando aquel partido cuyos más importantes representantes votaron en contra de ella pero diez años después se congratula de haberla apoyado.
Como señala Vilma Ibarra, pieza clave del proyecto de ley: “Lo que hace la ley no es otorgar sino reconocer derechos que estaban vulnerados, por tener cierta orientación sexual. Solo por ser homosexual se te negaba ejercer un derecho que por ser heterosexual tenías. Este tipo de leyes te convierte en una sociedad más igualitaria, más justa, más digna, más decente.”
Con su obstinación a rechazar la unión civil, un paliativo que apenas unos años antes parecía una respuesta razonable al dilema de las parejas homosexuales, el colectivo LGTB ayudó a lograr esa sociedad más igualitaria y más digna.
No incentivó el comercio de óvulos, espermas y vientres, tampoco destruyó a la familia, al contrario. Sólo permitió que más parejas pudieran casarse, protegerse y proteger a sus familias. Que hoy todos reconozcan la virtud del Matrimonio Igualitario, incluyendo quienes votaron en contra, es una gran lección a futuro: las ampliaciones de derechos siempre generan confrontación al ser lanzadas pero no suelen tener vuelta atrás luego de ser implementadas. Las iniciativas virtuosas de hoy fueron calamidades en el pasado.
Ocurrió de la misma forma con el voto femenino y el divorcio vincular (que según sus detractores incentivaría la homosexualidad) y lo mismo ocurrirá con la legalización del aborto.
Imagen: Una pareja se aparta del derecho natural para dedicarse a la venta ilegal de óvulos, espermas y vientres (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
