El anuncio de la conformación de una comisión asesora sobre la reforma judicial y el posterior envío del proyecto al Congreso generó un nuevo frenesí entre nuestros medios serios. Nadie se anima a defender abiertamente el statu quo, ni siquiera aquellos que se beneficiaron con las operaciones de Comodoro Py, pero el impulso reaccionario nos explica que es urgente esperar y retrasar al máximo cualquier reforma.
El 10 de diciembre de 2019, luego de jurar como presidente, Alberto Fernández declaró frente a los diputados: “Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más (…) Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno (…) Nunca más a los sótanos de la democracia”.
El 1 de marzo del 2020, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente retomó el tema (“Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”) y anunció el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Justicia Federal: “Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Pese a esos anuncios explícitos y a las críticas al funcionamiento de la Justicia Federal que Alberto Fernández manifestó durante la campaña presidencial, el anuncio de la conformación de una comisión asesora sobre la reforma judicial y del posterior envío del proyecto correspondiente al Congreso generó un nuevo frenesí entre nuestros medios serios que impulsó otro maravilloso Nado Sincronizado Independiente (NSI).
En una larga afirmación disfrazada de duda, Ernesto Tenembaum le preguntó a Oscar Parrilli si la reforma judicial era otro de los proyectos polémicos que suele enviar el Instituto Patria. Cuando el senador le recordó las promesas presidenciales referidas a los sótanos de la democracia, Tenembaum pareció sinceramente sorprendido.
Alfredo Leuco, un hombre algo obnubilado por la vicepresidenta, explicó que la comisión asesora buscaba establecer una “Corte Suprema de Cristina”. Que entre los miembros de dicha comisión figure Inés Weinberg de Roca, candidata a procuradora de Mauricio Macri, o el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, amicus curiae de Clarín en la audiencia ante la Corte Suprema sobre la Ley de Medios, no parece atenuar la indignación de Leuco, un periodista serio que nunca dejaría que la realidad lo distraiga de sus obligaciones contractuales.
Por su lado, en una entrevista asombrosa aún para el generoso estándar al que nos tiene acostumbrados, el abogado Roberto Gargarella opinó con ahínco sobre una reforma que ni él ni los entrevistadores conocen. Si bien reconoció el mal funcionamiento de la Justicia y la necesidad de una reforma, cuestionó el momento por causa de la pandemia y, en un plano más metafísico, puso en duda las intenciones del gobierno: “No hay que jugar con la búsqueda de impunidad”. También afirmó leer los diarios, no ser ingenuo y no comer vidrio, afirmaciones que parecen algo contradictorias entre sí aunque dan a entender que detrás del proyecto de reforma hay algo turbio y eso en los medios serios es siempre bienvenido. Por último se preguntó cómo obtendría el oficialismo el apoyo político necesario para una reforma de esta envergadura. Al anunciar que enviará el proyecto al Congreso, el presidente parece darnos una pista al respecto.
En los últimos cuatro años, la Santísima Trinidad conformada por los medios, los servicios y la Justicia Federal, bajo la amable mirada de la embajada de EEUU, ha causado estragos en materia de garantías constitucionales. La ciudadanía ha aprendido así que el debido proceso, la inocencia presunta o la defensa en juicio son cuestiones opinables y que, en realidad, lo que se presume es la culpabilidad, al menos en el caso de los kirchneristas.
En realidad, nadie se anima a defender abiertamente el statu quo, ni siquiera quienes se han beneficiado con las extravagancias y operaciones de Comodoro Py. El objetivo es retrasar al máximo cualquier reforma. Del mismo modo que ocurrió con el voto femenino, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y tantas otras iniciativas defendidas por la ciudadanía, el impulso reaccionario nos explica que es urgente esperar.
Como Victoria Ocampo, feminista apasionada que no apoyó el proyecto de sufragio femenino por ser una iniciativa del gobierno de J.D. Perón, asistimos a la paradoja de juristas y periodistas serios que critican el funcionamiento de la Justicia Federal pero se oponen a una reforma que ni siquiera conocen.
Al parecer, los sótanos de la democracia no son tan incómodos.
*publicado en Nuestras Voces
