Columna publicada en Nuestra Voces
En una entrevista que dio hace algunos días, Diego Peretti opinó que “Alberto Fernández tendría que pedirles a Cristina y a Macri que se retiren de la política hasta que resuelvan sus causas judiciales”. Es una clase de sugerencia apreciada por los medios, que en este caso subrayarían la equidistancia virtuosa de incluir a los dos líderes más populares de ambos lados de la grieta y que a lo sumo podrían considerar que peca por exceso de candor. En efecto, sería improbable que Cristina o Macri aceptaran dar un paso al costado ya que, como todos sabemos, los políticos son venales. En realidad, lejos de la virtud o el candor, se trata de una sugerencia tóxica.
Por empezar, el comentario obvia una noción elemental que en estos últimos años de persecución política a través de jueces y fiscales se ha desdibujado mucho: la presunción de inocencia que rige hasta la sentencia firme. Haber enviado a la cárcel de forma preventiva al diputado Julio De Vido luego de que el Congreso lo desaforara en 2017 sin siquiera una sentencia de primera instancia es un escándalo que debería hacernos reflexionar sobre la extraña costumbre de exigirle pasos al costado a nuestros políticos. No se trata solo de haber penalizado a un representante del pueblo sino de haber dejado a sus representados sin su voz.
La exigencia virtuosa de dar un paso al costado no rige en el caso de empresarios inculpados o miembros del Poder Judicial procesados, como el fiscal Carlos Stornelli que sigue en su despacho pese a estar procesado por los delitos de “asociación ilícita, coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión”. Alfredo Coto fue procesado por “tenencia ilegítima de materiales explosivos”, “acopio de armas de fuego, piezas o municiones” y “adulteración o supresión del número o grabado de un arma” por el arsenal encontrado en uno de sus supermercados sin que a nadie se le ocurriera exigir que diera un paso al costado como presidente de su empresa.
Mauricio Macri transitó su vida de rico heredero con una notable cantidad de causas judiciales sin que nadie exigiera un compás de espera como titular de SOCMA, presidente de Boca o candidato. En su primer período como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri fue procesado como jefe de una asociación ilícita en la causa de las escuchas ilegales, procesamiento que duró 6 años hasta que un juez oportuno lo sobreseyó apenas asumió como presidente.
De haber seguido la sugerencia de Peretti, los porteños no hubieran podido votar por la reelección de Macri en 2011 y los argentinos no lo hubieran podido elegir presidente en 2015.
Por otro lado, en las últimas elecciones presidenciales, las fórmulas en las que se presentaron tanto Cristina como Macri, y que los tuvieron como figuras más notorias, sumaron casi el 89% de los votos. Es decir que al exigir que se aparten de la vida política “hasta que resuelvan sus causas judiciales” estaríamos en realidad privando a la enorme mayoría de los ciudadanos de sus candidatos más populares. Además, sería ilusorio pensar que algún día podrían “resolver” dichas causas teniendo en cuenta el proceso vertiginoso de judicialización de la política de los últimos años y la consolidación del lawfare. Si por algún extraño milagro Cristina y Macri aceptaran la sugerencia de Peretti, les estarían entregando a los jueces y fiscales la potestad de anular candidatos por el simple hecho de imputarlos.
Más allá de las buenas intenciones del actor, su sugerencia no peca por exceso de candor sino por su raíz antipolítica, la gran toxina de nuestra época.
