Columna publicada en Nuestras Voces
A fines de diciembre del 2020, mientras la ANMAT autorizaba el uso de la vacuna Sputnik V en la Argentina, cuatro diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, el entonces ministro de Salud Ginés González García y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti por “amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública”.
Los cuatro firmantes de la denuncia, Mariana Stilman, Mónica Frade, Juan Manuel López y la Mentalista Carrió, sostenían que al optar por la Sputnik V, el gobierno desplegaba “acciones que podrían poner en peligro a la población que reciba esta vacuna” a la vez que denunciaban “una dirección geopolítica que nos lleva a dictaduras”. Asombrosamente, la vacuna en cuestión no sólo era un peligro para nuestra salud sino también ponía en riesgo nuestra democracia. Antes de presentar la denuncia, la Mentalista Carrió recorrió los medios mencionando misteriosos encuentros en La Habana entre CFK y espías rusos, y explayándose sobre las intenciones satánicas de Moscú en la región.
Apenas unos meses después, la misma Mentalista Carrió negó haber afirmado lo que había dicho: “Lo que dije es que Putin había envenenado al principal opositor (en referencia el dirigente opositor ruso Alexei Navalny), fue un acto de protesta personal para la democracia del mundo”. Luego de operar durante meses contra la Sputnik V, junto al resto de los legisladores de Juntos por el Cambio empezó a denunciar que el gobierno daba preferencia a los amigos en la distribución de la famosa vacuna rusa. De ser un veneno, la Sputnik V se transformó así en un bien escaso repartido de forma discrecional. Su colega el diputado Fernando Iglesias, experto en globalización, pasó de escribir en su cuenta de twitter “Que vacunen con la rusa al 48% que los votó, y no se hable más” a denunciar al gobierno por robar esa misma vacuna que debía usar sólo entre sus votantes.
Un maravilloso ejemplo de lógica contorsionista.
Hace unos días supimos que Pepín Rodríguez Simón, diputado de Juntos por el Cambio en el Parlasur, director de YPF durante el gobierno de Cambiemos y operador judicial de Mauricio Macri, eludió una indagatoria de la justicia y pidió asilo político en Uruguay. Desde su cuenta de twitter dio una explicación: “Por fundados temores de que si volvía a la Argentina, iba a ser privado ilegítimamente de mi libertad, en una causa armada por Cristóbal López y De Souza, con los $ 8.000 millones del Estado de los que se apropiaron indebidamente solicité asilo como refugiado político en el Uruguay”. Desde el mismo espacio que bloquea cualquier reforma de la justicia y exige respetar la independencia de los jueces, un ex funcionario sostiene que es perseguido por esos mismos jueces cuya independencia es menester garantizar, sin que nadie señale la contradicción.
Algo similar ocurre con la discusión sobre el Ministerio Público Fiscal. Los diputados de Juntos por el Cambio y nuestros medios serios (dos colectivos que cada día cuesta más diferenciar) argumentan que modificar por ley el sistema de elección del procurador para que sea por mayoría simple en lugar de una mayoría especial de los 2/3 atenta contra la república y coso mientras apoyan la continuidad de un procurador interino que nadie votó. Recordemos que su predecesora Alejandra Gils Carbó, votada por más de 2/3 de los senadores, renunció por las amenazas que ella y su familia recibieron desde Cambiemos.
Los prestigiosos sellos de goma Poder Ciudadano y Transparencia Internacional también manifestaron su preocupación afirmando que “reemplazar el requisito de una mayoría de dos tercios en el Senado por una mayoría simple para elegir al Fiscal General socavaría la independencia de este órgano y, a su vez la del Ministerio Público Fiscal”, un disparate asombroso aún para el estándar generoso de esas ONG.
Exagerar virtudes propias, minimizar aciertos ajenos o denunciar calamidades imaginarias forman parte del manual de procedimientos habitual de cualquier político. Lo peculiar en el caso de Juntos por el Cambio es el rechazo frontal a la coherencia, lo que otorga a sus integrantes una libertad absoluta para afirmar algo y su contrario en un lapso de tiempo muy acotado e incluso en la misma frase.
Por supuesto, la lógica contorsionista que no parece perturbar a su núcleo duro sólo es posible con un cerco mediático adecuado que asegure el eterno presente de los miembros de Juntos por el Cambio. Sin archivos que remitan a opiniones contradictorias, pueden decidir cada mañana si la vacuna es un veneno impuesto por el gobierno o una panacea robada por ese mismo gobierno, o si los jueces son héroes de la república, perseguidores de la libertad o un mix de todo.
