Los fideos de Mazzorín

Columna realizada con la amable colaboración del amigo Ricardo Aronskind.

A mediados de su gobierno, Raúl Alfonsín empezó a tener dificultades para controlar la inflación. Para intentar contener el precio de la carne, el entonces secretario de Comercio Interior, Ricardo Mazzorín propuso importar carne de pollo y ampliar la oferta de ese producto. La importación de 38 mil toneladas desde Hungría enfureció al duopolio local integrado por Cargill y San Sebastián, que inició una campaña en contra de la medida. El stock importado fue almacenado en frigoríficos privados y la mayor parte logró ser comercializada, salvo un 20% del total que se arruinó por desperfectos en el almacenamiento.

Esa fue la excusa para iniciar un maravilloso Nado Sincronizado Independiente (NSI) entre los medios serios. Encabezados por Clarin y La Nación, se escandalizaron al unísono y denunciaron al gobierno de querer envenenar a la población con ese pollo podrido que según algunos expertos “había sido adquirido en Chernóbil”.

El diputado de la UCD Alberto Albamonte lanzó una campaña personal en contra de la medida y llegó a pasearse por la Plaza de Mayo con un pollo de plástico. En la televisión, Mazzorín se transformó en un ladrón y un asesino en potencia, mientras se abrían causas por malversación de caudales públicos y pago inadecuado de las cámaras frigoríficas. Dada la presión de la opinión pública, Alfonsín optó por desprenderse de un funcionario de cuya honestidad nunca dudó, condenándolo al escarnio público. La horda que incluía a las grandes empresas del sector, a los medios y a la Justicia Federal había ganado la partida.

Diez años después, Mazzorín fue sobreseído de todas las causas, pero para ese entonces ya era un cadáver político. El poder económico no sólo buscó escarmentar a un funcionario que apoyó la alocada idea de regular un mercado oligopólico, sino que quiso lanzar una clara advertencia a los que vendrían después.

Hace unos días, La Nación denunció irregularidades en la compra de productos para los bolsones de comida que reparte el Ministerio de Desarrollo Social. Según los montos publicados en el Boletín Oficial, los importes de algunos de esos productos no respondían a los precios testigo establecidos por la Sindicatura General de la Nación. La denuncia dio lugar a un nuevo Nado Sincronizado Independiente (NSI), en el que nuestros periodistas serios dieron rienda suelta a su indignación. Fue una reacción curiosa, ya que esos mismos periodistas serios no solían auditarle los fideos -con perdón de la expresión- a la ex ministra Caro Stanley, funcionaria a la que, por el contrario, elogiaban por su sonrisa tierna y su alma buena. Tampoco lo hacen con las compras que lleva adelante Horacio Rodríguez Larreta que, sin dudas, ha respondido a las reglas del marqués de Queensberry para la provisión de alcohol en gel, barbijos, mostacholes o la contratación urgente de hoteles para albergar a los porteños que llegan del exterior y requieren estar en cuarentena.

El ministro Daniel Arroyo explicó en un primer momento que habían licitado esos productos varias veces sin lograr los precios buscados y que habían privilegiado la urgencia. 15 funcionarios del área de compras fueron transformados de inmediato en chorros y delincuentes por aquel nuevo y entusiasta Nado Sincronizado Independiente (NSI). Por supuesto, como suele ocurrir, la denuncia sobre eventuales corruptos se limitó al sector público, excluyendo al privado. Ocurre que la Argentina es un extraño país, pletórico de funcionarios corruptos pero sin empresarios corruptores.

Del #FideoGate pasamos a una denuncia por compra de alcohol en gel realizada por el PAMI que fue desmentida por la titular del organismo. Es de esperar que vendrán otras. El Estado paga mal y en plazos infinitos, por lo que los precios ofertados suelen contar con un margen para compensar esa espera, lo que por supuesto no impide que haya carteles entre oferentes o incluso connivencia con funcionarios.

Privilegiar la urgencia por sobre el precio testigo no parece ser una opción delictiva, teniendo en cuenta que el país enfrenta una pandemia, cumple con una necesaria cuarentena que frena la producción, con un piso de 40% de pobres y un alto nivel de inflación. No podríamos imaginar un escenario más acorde a la noción de emergencia.

No fue tampoco una opción delictiva la de buscar limitar la suba de precios de la carne importando pollos. Sin embargo, en ambos casos, los funcionarios que las llevaron a cabo fueron transformados por la opinión pública -es decir, lo que los medios deciden contar como tal- en chorros e incluso asesinos potenciales.

Paradójicamente, esos mismos medios serios que exigen hoy un mayor control estatal aplaudieron el desmantelamiento de estructuras de control de ese mismo Estado llevadas a cabo por el gobierno Cambiemos. También se indignaron por la terrible violencia ejercida por el recordado secretario Polémico Moreno. Al parecer, el Estado debe responder en la emergencia de forma rápida y eficaz en un mundo feliz en el que los empresarios no imponen condiciones ni utilizan la letra chica de la normativa vigente para presionar.

Durante la segunda mitad del gobierno de Alfonsín, lo relevante era intentar controlar la inflación. Hoy lo relevante es que la comida llegue a los hogares que la necesitan. Las denuncias mediáticas, éstas u otras, son inevitables.

 

Imagen: Depósito de fideos sobrevaluados de La Cámpora (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)