Columna publicada en Nuestras Voces
En su discurso de asunción, Alberto Fernández señaló que “sin justicia realmente independiente, no hay democracia.” Haciendo un paralelismo contundente con el terrorismo de Estado, afirmó: “Vengo a manifestar -frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino- un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, por procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos (…) Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno.”
Hace unos días, en el acto del Frente de Todos en La Plata , CFK hizo referencia a la persecución política a través de la Justicia: “Y ya sabemos que cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas, comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados se van a los juzgados.” Por si quedara alguna duda, agregó que el objetivo del lawfare es “disciplinar a los políticos.”
Es difícil encontrar un sector más desprestigiado que la Justicia. Ofrece un servicio deplorable, maltrata a quienes debería proteger y tarda años, incluso décadas, en dictar un fallo que pocas veces conforma a quienes lo reciben. La ciudadanía mira a ese poder del Estado como a una familia aristocrática venida a menos, que vive en una realidad imaginaria, habla un jeringozo incomprensible y a diferencia del resto de los mortales, carece tanto de plazos para llevar a cabo su tarea como de controles ciudadanos sobre su accionar.
Los jueces federales y las señorías que dormitan en la Corte Suprema parecen haber olvidado que son servidores públicos y actúan como si fueran monarcas. Su condición vitalicia, que a veces les hace mantener sus cargos más allá de su vida biológica, parece favorecer esa percepción mayestática.
Un año después del Nunca Más judicial, nada ha cambiado. La persecución política que los “poderosos” señalados por CFK llevan a cabo a través de los juzgados sigue vigente. Si quedara alguna duda, la Corte tuvo la cortesía de despejarla con su reciente fallo sobre la causa del ex vicepresidente Amado Boudou, fallo filtrado a los medios como ya es costumbre. Como señaló su abogada Graciana Peñafort : “De modo insólito, la Corte Suprema evitó tratar el recurso presentado por Amado Boudou a través de denegarlo sin expresión de causa mediante la utilización del articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial (…) Era la única forma de no analizar ni las maniobras de espionaje ilegal de las que Boudou había sido víctima ni el pago espurio a un testigo.”
Los personajes esenciales del lawfare siguen en sus puestos, como el procurador interino Eduardo Casal, el fiscal procesado Carlos Stornelli o el camarista Martín Irurzun (inventor junto al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti de la doctrina Irurzun que establecía las “relaciones residuales” de los ex funcionarios kirchneristas para justificar las prisiones preventivas, doctrina que por supuesto no se aplica hoy sobre ex funcionarios macristas).
El propio Presidente criticó el fallo de la Corte: “nadie se hace cargo porque tienen miedo de salir en la tapa de Clarín. Y esta Justicia así no funciona, no hace justicia, cumple los deseos de los poderes fácticos.”
El diagnóstico acertado es una premisa necesaria para el éxito de cualquier gobierno pero no garantiza por sí solo ese éxito. Es más, a partir de cierto momento, la repetición de dicho diagnóstico sin el acompañamiento de decisiones claras al respecto puede volverse contraproducente ya que le recuerda a la ciudadanía que ese grave problema denunciado desde el inicio del mandato, en este caso la Justicia cooptada por una minoría poderosa, no ha sido solucionado.
Como señaló el politólogo Nicolás Tereschuk, en la Argentina la única ventanilla de reclamos es el Ejecutivo nacional. La ciudadanía le exige respuestas y lo responsabiliza aún de aquello que no lo compete. El gobernante comentarista o el fracaso virtuoso no suelen ser premiados electoralmente.
Existen muchas razones para no enfrentar al cardumen del Poder Judicial pero existen dos muy poderosas para hacerlo: la pérdida de margen de maniobra política y el escepticismo ciudadano.
