Columna publicada en Nuestras Voces
El sábado 16 de enero del 2016, sin presencia de ningún funcionario judicial, Milagro Sala fue detenida por policías de civil y encarcelada por “incitación al acampe”.
Un mes antes, el radical Gerardo Morales había asumido la gobernación luego de una campaña en la que prometió el fin del clientelismo y el advenimiento de la transparencia, la institucionalidad y la tan ansiada paz social. Como primer paso hacia la transparencia, la institucionalidad y coso, Morales designó a Mariano Miranda, apoderado de la Unión Cívica Radical de Jujuy, como fiscal de Estado y llevó el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve, designando a dos diputados radicales que acababan de votar la ampliación y a un tercero que también fue legislador de la UCR. Una justicia realmente independiente.
Apenas asumió, denunció una inminente actividad desestabilizadora que según unos oportunos “informes de inteligencia” llevaría adelante la Tupac Amaru, organización liderada por su rival política Milagro Sala. Frente a una protesta llevada a cabo por esa y otras organizaciones sociales delante de la gobernación, el flamante fiscal del Estado acusó a Sala de “instigación a cometer un delito, interrupción de la circulación, coacción y sedición, y se constituyó como querellante en la causa siguiendo precisas instrucciones del Señor Gobernador de la Provincia, Gerardo Rubén Morales, según él mismo afirmó”. Dicha acusación derivó en el allanamiento y arresto de Sala y en los más de cinco años de prisión preventiva que lleva hasta ahora.
Entrevistado varios meses después, Ernesto Sanz -político radical y amigo confeso del gobernador Morales- explicó que “la detención de Milagro Sala no estuvo bien hecha pero a los tres días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa, en otro expediente y por una razón absolutamente distinta de la protesta.” Sanz explicó que Sala “hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, por defraudación, por extorsión, por medio Código Penal y hoy está bien detenida.” Por si quedara alguna duda aclaró los verdaderos motivos del encarcelamiento de Sala: “¿Por qué ocurre esto en Jujuy? Esto es realpolitik, vamos a hablar de una confesión realpolítica. Gerardo Morales asume el día 10 de diciembre, si Morales no hacía lo que hizo, el día 11 de diciembre, en 24 horas, dejaba de ser gobernador de Jujuy.”
Es difícil determinar qué parte de la declaración de Sanz- hecha para defender a Morales- lo hunde más. Si la definición de una justicia extravagante que primero encarcela y luego define sobre la marcha las causas del arresto, la confesión de la razón política de la persecución a Sala o el explicitar el control del gobernador sobre jueces y fiscales. Por supuesto, la entrevista de Sanz no causó revuelo alguno entre las almas de cristal que exigen transparencia e institucionalidad ni tampoco impulsó que algún fiscal actuara de oficio.
Los dichos de Sanz fueron corroborados luego por el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, quien afirmó en un audio privado que “Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”. Baca renunció al hacerse público el audio.
El modus operandi contra Milagro Sala fue primero detenerla para luego inundarla de causas judiciales imaginarias. El objetivo no es sólo quebrar a una rival política sino disciplinar a un movimiento social de enorme envergadura. Como escribió Ximena Tordini: “E n 2009, diez años después de haberse conformado, la Tupac Amaru era el tercer empleador de la provincia de Jujuy. El primero, el Estado. El segundo, el Ingenio Ledesma. Para ese entonces, la Tupac ya tenía la forma de una red de servicios en torno al trabajo y a la pertenencia: un modo de vivir en común.”
Hace unos días, Milagro Sala fue llevada esposada ante la justicia de Jujuy para ser notificada por una nueva denuncia de Gerardo Morales. Se trata de una causa por instigación, similar a otra también lanzada por el gobernador y por la que recibió una pena de tres años. El truco es siempre el mismo: un hecho en el que ella no participó pero del que sería instigadora según algún testimonio oportuno.
Para el presidente Alberto Fernández, el de Milagro Sala es “un caso del lawfare por antonomasia”, sin embargo, luego de un año y medio de gobierno del Frente de Todos, Sala sigue en la misma trampa jurídica que bajo el gobierno de Cambiemos, cuando el entonces presidente Macri sostenía que ella “creó una organización armada que ha sido muy peligrosa para la vida de todo el norte argentino”.
Si como señaló Ernesto Sanz con encomiable honestidad la detención de Milagro Sala tuvo razones políticas, su liberación debe ser resuelta del mismo modo.
